Carta abierta
A los señores Matriculados del Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial de Esquel:
En mi carácter de Presidente del Directorio de esta digna institución, y en el ejercicio de la representación legal que me ha sido conferida, me dirijo a Uds. con el propósito de dar respuesta formal a las misivas presentadas ante esta sede. Asimismo, resulta imperativo efectuar precisiones técnico-institucionales respecto de la controversia suscitada por el Comunicado Oficial emitido por esta entidad el pasado 30 de julio, acto que ha generado diversas expresiones de adhesión y discrepancia -en este último caso de modo organizado en el seno de nuestra comunidad profesional.
Inicialmente, es voluntad de esta Presidencia expresar un profundo reconocimiento a cada matriculado que ha tenido a bien manifestar su postura. Se valoran con igual solemnidad tanto las observaciones críticas articuladas de manera orgánica e individual, como las muestras de respaldo y conformidad con el tenor del pronunciamiento institucional oportunamente publicado.
Observamos con satisfacción el renovado vigor con que la matrícula se involucra en los asuntos que conciernen a la vida institucional. Constituye un eje fundamental de esta gestión fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar la participación activa de los abogados en la vida colegial. Los aportes, señalamientos y críticas constructivas son elementos vitales que enriquecen nuestro devenir institucional. Los recientes acontecimientos evidencian el éxito de este objetivo, superando definitivamente la apatía que históricamente había caracterizado a la colegiación en años precedentes.
No obstante lo expuesto, resulta jurídicamente relevante puntualizar aspectos dirimentes
sobre la formación de la voluntad institucional. El gobierno del Colegio es ejercido por su Directorio, cuya representación ostenta la Presidencia (conforme Arts. 33 y 34 de la Ley XIII Nº 11). En tal sentido, el comunicado objeto de cuestionamiento fue sometido a la previa consideración de los integrantes del Directorio, no habiéndose registrado observación, objeción ni reproche alguno por parte de ninguno de sus miembros.
Consecuentemente, el acto comunicacional goza de una legitimidad y legalidad absoluta
por haberse ajustado estrictamente a la normativa vigente, por lo cual, en cuanto a su génesis y validez, se considera una cuestión concluida.
En segundo término, es dable advertir que las críticas formuladas traslucen, en ciertos casos, una exégesis que se aparta de la estricta literalidad del documento, sugiriendo la existencia de interpretaciones influidas por factores o intereses ajenos a los fines supremos de esta institución.
En honor a la claridad expositiva y con el fin de disipar equívocos interpretativos, se transcribe a continuación el texto íntegro del comunicado, sobre el cual se realizarán las
precisiones pertinentes.
El pronunciamiento oficial reza textualmente: “…El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Esquel expresa su honda inquietud ante las circunstancias denunciadas por la señora Fiscal Jefe del Ministerio Público Fiscal de esta jurisdicción, consistentes en una serie de acciones coercitivas que, de confirmarse, obstaculizarían el ejercicio autónomo e independiente de sus funciones constitucionales.
En tal sentido, instamos a la Procuración General y a los funcionarios responsables de la
investigación a proceder con la diligencia, celeridad y rigurosidad técnica que la gravedad de los hechos exige, a efectos de esclarecer lo acaecido a la brevedad. La ciudadanía exige un sistema judicial que desempeñe sus cometidos con absoluta independencia ante presiones de cualquier otro orden. Resulta, por ende, ineludible que las autoridades políticas aseguren el funcionamiento ininterrumpido y eficiente del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, salvaguardando su autonomía funcional.
Ratificamos, finalmente, nuestro irrenunciable compromiso con la institucionalidad y con la preservación de un sistema de administración de justicia independiente, pilar fundamental para el sostenimiento del Estado Democrático de Derecho…”.
De una lectura rigurosa y concienzuda del texto se desprende inequívocamente que esta institución no ha vinculado a persona física alguna, ni ha imputado responsabilidad a matriculado alguno por los hechos denunciados. El Colegio no ha proferido juicio de verdad sobre la denuncia efectuada por la titular del Ministerio Público Fiscal; prueba de ello es el uso deliberado de la cláusula condicional ‘…que, de confirmarse’, lo cual supedita la entidad de los hechos al resultado de la investigación. Esta precisión semántica desvirtúa cualquier señalamiento relativo a la vulneración del principio de inocencia; por el contrario, el comunicado propugna el respeto a las garantías constitucionales al exigir que la investigación se conduzca con rigor técnico, independencia y celeridad. Bajo ningún concepto se ha instado la investigación de matriculados en particular, sino el esclarecimiento de los hechos denunciados. Es dable recordar que no existe mayor garantía para cualquier ciudadano que se encuentre bajo sospecha que una investigación judicial diligente y objetiva que permita su desvinculación definitiva en tiempo oportuno. Esta gestión ha procedido siempre con mesura, equilibrio y responsabilidad institucional. Los cuestionamientos recibidos carecen de sustento fáctico en el texto del comunicado y parecen derivar de interpretaciones sesgadas o intereses extraños a la vida colegial, de los cuales esta institución se mantiene y mantendrá ajena.
Es menester profundizar en el imperativo ético y jurídico que motivó la intervención de este Colegio ante la gravedad institucional que reviste la denuncia formal radicada por la Jefatura de Fiscales de esta jurisdicción.
Constituyen deberes legales inderogables de este Colegio Público de Abogados: a) Contribuir al perfeccionamiento de la administración de justicia, señalando las deficiencias e irregularidades observadas en su funcionamiento (Art. 20, inc. ‘e’ de la Ley XIII Nº 11); b) Denunciar ante las autoridades competentes los actos que afecten la regular prestación del servicio de justicia (Art. 21, inc. ‘k’ de la Ley XIII Nº 11). Asimismo, es deber específico del profesional del derecho: ‘Observar fielmente la Constitución Nacional y la de la Provincia del Chubut, como así también la legislación que como consecuencia de ellas se dicte’ (Art. 6, inc. ‘a’ de la Ley XIII Nº 11).
Resulta evidente, por tanto, que la defensa del sistema democrático, el orden republicano, la división de poderes y la consiguiente autonomía e independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público constituye una obligación legal y un mandato ético irrenunciable para esta institución y para cada uno de sus miembros.
Bajo esta premisa, la denuncia formal de un Fiscal Jefe respecto de presuntas coacciones destinadas a interferir en investigaciones en curso adquiere una dimensión de gravedad extrema. Tal circunstancia interpela directamente a los diferentes operadores del sistema judicial y obliga a este Colegio a reclamar un esclarecimiento exhaustivo de los hechos, en resguardo de la seguridad jurídica.
Es fundamental comprender que la trascendencia institucional de este suceso excede los
nombres propios de los actores circunstancialmente involucrados. El objeto de nuestro pronunciamiento no son las personas, sino las instituciones que sustentan el Estado de Derecho y la vigencia del sistema democrático, principios que todo abogado jura proteger al momento de su matriculación.
Este Colegio reconoce y comparte la importancia de la defensa gremial. En este caso no
están comprometidos esos valores. Ninguna circunstancia particular puede anteponerse al deber supremo de velar por la Constitución y los Derechos Humanos. Esta institución no guardará silencio cuando se encuentre en riesgo la integridad de los pilares democráticos, aun ante las exhortaciones a la pasividad.
En conclusión: el Colegio de Abogados de Esquel no ha asumido -ni asumirá- defensas
corporativas vacuas ni ha formulado acusaciones individuales; ha cumplido con su deber de exigir el correcto funcionamiento institucional en resguardo del Estado Democrático de Derecho. No corresponde a esta entidad asumir interpretaciones desviadas o utilizaciones espurias que terceros pretendan realizar de su discurso oficial. El rigor y la responsabilidad de dichas interpretaciones recaen exclusivamente en quienes las formulan.
Finalmente, renovamos nuestra invitación a la matrícula para continuar participando activamente de la vida institucional, consolidando así un Colegio plural, baluarte en la defensa de los derechos profesionales y del Estado Democrático de Derecho.
